El proceso judicial que involucra al cantante colombiano Blessd dio un giro importante luego de que la Procuraduría General de la Nación manifestara su desacuerdo con la solicitud de medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía.
Durante las audiencias realizadas en Medellín, el Ministerio Público señaló que, tras analizar los elementos probatorios presentados, no encontró evidencias suficientes para acreditar la existencia de un secuestro extorsivo, delito que actualmente es objeto de investigación.
Según lo expuesto en la diligencia, fueron revisadas conversaciones, audios y otros elementos que demostrarían que las negociaciones entre las partes continuaron después de la reunión que originó la denuncia. Uno de los puntos más debatidos fue la supuesta firma obligada de un contrato; sin embargo, se indicó que dicho documento aún se encontraba en proceso de negociación tras los hechos investigados.
La Procuraduría también sostuvo que no se logró demostrar una supresión total de la libertad de locomoción de la presunta víctima, requisito fundamental para configurar el delito de secuestro extorsivo. Además, señaló que existen registros de comunicaciones posteriores entre las partes que generan dudas sobre la hipótesis planteada por la Fiscalía.
Otro de los aspectos mencionados durante la audiencia fue la presunta inexistencia de un arma de fuego real en los hechos investigados, tema que sigue siendo evaluado dentro del proceso.
Respecto a Blessd, la Procuraduría indicó que la Fiscalía tampoco habría logrado demostrar de manera suficiente su papel como determinador de la conducta investigada. Según lo debatido en audiencia, una llamada mencionada dentro de la investigación habría ocurrido después de los hechos denunciados.
Por estas razones, el Ministerio Público solicitó que tanto Blessd como los demás involucrados continúen afrontando el proceso en libertad mientras avanza la investigación y se toma una decisión de fondo.
Por su parte, el artista reiteró su disposición de seguir compareciendo ante las autoridades y expresó su confianza en que las decisiones judiciales se adopten con base en las pruebas presentadas y el respeto al debido proceso.
La decisión final sobre las solicitudes presentadas por las partes quedará ahora en manos de la administración de justicia.
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